El artículo publicado por The New York Times el día de ayer sobre el acceso a internet en Bolivia pone en evidencia lo que muchos ya sabemos: mientras nuestros países vecinos avanzan con tecnologías satelitales de órbita baja (LEO) como Starlink —ya operativa y probada en zonas remotas de la Amazonía, en escuelas y hospitales— en Bolivia seguimos atrapados en un esquema de conectividad deficiente, caro y limitado.

Lo más grave es que esta situación no es fruto del azar ni de limitaciones técnicas. Es el resultado de una falta de regulación intencionada por parte de nuestras autoridades, diseñada para proteger a los operadores existentes y a gestiones diplomáticas que nunca fueron socializados ni anunciados públicamente, en lugar de priorizar el bienestar del pueblo boliviano.

No establecer un marco regulatorio que permita operar a tecnologías de internet satelital de órbita baja constituye en sí mismo un acto de competencia desleal y anticompetitiva, que va en contra de los principios de equidad y libertad de elección de los consumidores. El Estado ha monopolizado el internet satelital y en coordinación con las empresas de telecomunicaciones se encuentra bloqueando iniciativas disruptivas y beneficiosas sólo con la excusa de generar "reglas justas", sin darse cuenta de la injusticia que provoca para los ciudadanos.

Asimismo, priorizar acuerdos con empresas estatales chinas —cuyo desempeño técnico aún es incierto— mientras se bloquea de facto a soluciones como Starlink, ya probadas y adoptadas en más de 125 países, es una maniobra claramente política y no técnica. Este camino pone en riesgo nuestra soberanía tecnológica, limita nuestras opciones y condena a millones de bolivianos a seguir desconectados.

Por todo ello, como representante electa del pueblo boliviano, exijo que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) establezca de inmediato un marco regulatorio para internet satelital de órbita baja, abierto, transparente y que garantice la competencia leal entre proveedores.

Asimismo, se enviará una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ordene a su Embajada en China sobre los criterios técnicos, de calidad y beneficio real para nuestra población que representarían las gestiones señaladas en la nota, especialmente tomando en cuenta que aparentan responder a agendas geopolíticas y no a servicios comprobados.

Una Bolivia conectada, soberana y competitiva no se logra restringiendo a la empresa disruptiva. Se logra mediante consensos regulatorios que prioricen el bienestar del usuario y garanticen su libertad de elección.